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La Contraloría General de la República rechazó el reglamento de la Ley de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, debido a observaciones relacionadas con la justificación de modificaciones y flexibilizaciones en las exigencias técnicas establecidas para los vehículos que prestan servicios mediante plataformas digitales.
La decisión representa un revés para el Ministerio de Transportes, ya que el organismo fiscalizador concluyó que el texto presentado carecía de fundamentos suficientes para respaldar la eliminación, modificación o disminución de algunos estándares técnicos exigidos a los vehículos.
El tema fue abordado en Radiograma de Radio Bio-Bio, donde participó Paul Eichwald, coordinador académico de Técnico Jurídico de IACC, quien explicó el rol que cumple la Contraloría en este tipo de procesos administrativos.
Según señaló el académico, la situación forma parte de un procedimiento habitual dentro del sistema jurídico chileno.
“No es algo tan excepcional. La Contraloría revisa permanentemente decretos y reglamentos mediante el trámite llamado ‘toma de razón’ y, cuando detecta un problema de técnica jurídica, puede formular observaciones, representarlos o devolverlos para correcciones”, explicó.
Eichwald indicó que la resolución no implica el término de la iniciativa ni su rechazo definitivo, sino que obliga a la autoridad a corregir los aspectos observados antes de volver a presentar el documento.
“Lo que ocurre es un retraso. El Ministerio de Transportes deberá corregir las observaciones y volver a ingresar el texto”, agregó.
La controversia surge luego de que el reglamento presentado por el actual Gobierno incorporara condiciones más flexibles respecto de versiones anteriores, buscando evitar eventuales impactos negativos sobre el empleo asociado a las plataformas de transporte. Sin embargo, la Contraloría cuestionó que dichas modificaciones reducen exigencias técnicas sin una fundamentación suficiente que las respalde.
El caso vuelve a poner en debate la implementación de la Ley Uber y los desafíos regulatorios asociados al funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Chile, proceso que aún deberá superar nuevas etapas administrativas antes de concretarse.
