Con la entrega del borrador de la nueva Constitución han surgido temas que requieren ser revisados desde sus fundamentos. Por ejemplo, tener acceso universal a la conectividad digital como un derecho que debe ser garantizado por el Estado.

Actualmente, nos encontramos a la espera de la extensión de la red 5G, que permitirá cobertura de Internet hasta en los lugares más apartados, en un contexto en el que zonas remotas del país no cuentan aún con 3G o 4G o, derechamente, no tienen señal.

¿Garantiza la cobertura total de Internet en el país, por sí sola, el fin de las brechas educacionales en el territorio? Lamentablemente, la respuesta es negativa.