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En la Administración Pública, pocas expresiones generan tantas reacciones como las denominadas “balas de plata”. Para algunos representan decisiones rápidas; para otros, atajos institucionales. Sin embargo, más allá de las consignas, el reciente uso de este mecanismo por parte del Gobierno vuelve necesario reflexionar sobre su sentido y rol dentro de la gestión del Estado.
Las llamadas “balas de plata” no son una invención informal ni una anomalía. Su origen se remonta a las modificaciones realizadas en 2016 al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), que otorgaron al Presidente de la República la facultad excepcional de designar directamente hasta doce cargos de primer nivel durante los primeros meses de mandato. Se trata de una herramienta contemplada por la institucionalidad y con límites definidos.
Que el gobierno entrante haya utilizado rápidamente estos cupos debiera abrir un debate sobre cómo se gobierna el Estado desde el inicio de un mandato presidencial. Desde la perspectiva de la Administración Pública, estas designaciones responden a una lógica poco explicada a la opinión pública: el inicio de un gobierno representa una fase crítica de conducción estratégica y de cumplimiento del mandato expresado en las urnas. En ese período se requiere instalar prioridades, coordinar servicios complejos y asegurar alineamiento en instituciones clave para implementar el programa gubernamental.
El riesgo aparece cuando se pierde de vista el carácter excepcional de este mecanismo. Las “balas de plata” no están pensadas para debilitar la profesionalización del Servicio Civil, sino para convivir con ella. El Sistema de Alta Dirección Pública cumple una función clave: dotar al Estado de continuidad, mérito y capacidades técnicas de largo plazo. Las designaciones directas, en cambio, cumplen un rol acotado asociado a la conducción estratégica inicial y a la necesidad de generar gobernabilidad administrativa.
Más que alarmarse por su uso, el desafío está en comprenderlas y evaluarlas. Solo así podremos discutir seriamente sobre modernización del Estado y capacidades institucionales, sin reducir el análisis a consignas ni perder de vista lo esencial: cómo lograr que la Administración Pública responda de manera eficaz y legítima a las demandas de la ciudadanía.
