Acabamos de elegir un nuevo Consejo Constitucional y pronto se iniciará el debate de los contenidos a incluir en la carta magna del país que, en definitiva, establece derechos tan sensibles como la necesaria conectividad digital para el desarrollo educacional. La promoción y protección de los derechos digitales es indispensable para terminar con las brechas en el acceso a internet en zonas rurales que sufren la migración del talento profesional de sus habitantes.

Para desenvolverse y participar de la sociedad digital se requiere acceso al ecosistema tecnológico como, por ejemplo, a la economía en red. Por ello, es que las telecomunicaciones se consideran un bien de interés público. Además, creo que los nuevos consejeros constituyentes deberían promover el acceso a internet, la protección de datos personales y establecer el derecho a la seguridad informática y confianza digital.