Violencia escolar: es tiempo de prevenir, no de reaccionar

La violencia escolar en Chile constituye hoy un desafío urgente que interpela tanto a las políticas públicas como a la sociedad en su conjunto. De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el país residen 4.493.995 niños, niñas y adolescentes, quienes representan el 24,3% de la población total. Cada uno de ellos tiene el derecho fundamental a una infancia plena, al desarrollo integral y a desenvolverse en entornos seguros, libres de miedo, negligencia y violencia.

No obstante, los recientes acontecimientos ocurridos en Calama, Curicó y otras ciudades del país, junto con la evidencia acumulada por diversos estudios, revelan una realidad preocupante y muy lejana a dichos principios. La UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) identifican al menos cinco formas de violencia que afectan a la niñez y adolescencia: la violencia armada, la disciplina violenta, el bullying, la violencia digital y la violencia sexual. En el contexto nacional, resulta especialmente alarmante que un 62,5% de los cuidadores principales reconozca el uso de métodos de disciplina violentos en la crianza.

A lo anterior se suma una dimensión crítica vinculada a la salud mental. Según cifras recientes de UNICEF (2025), el 13,2% de los adolescentes entre 15 y 19 años se encuentra en tratamiento por problemas de salud mental. Asimismo, un 14,4% de niños y niñas presenta dificultades psicosociales, un 12,2% dificultades mentales o intelectuales, y un 5,7% dificultades psiquiátricas. De manera particularmente inquietante, un 19,1% de los adolescentes ha manifestado sentimientos suicidas, lo que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de abordarlo de manera integral.

Estos antecedentes se expresan cotidianamente en comunidades educativas cada vez más diversas y complejas, donde las dinámicas tradicionales de autoridad han experimentado transformaciones significativas. En este contexto, docentes y equipos educativos enfrentan múltiples desafíos para gestionar situaciones de convivencia escolar, muchas de las cuales reflejan tensiones sociales más amplias.

La evidencia disponible sugiere que las estrategias más efectivas para prevenir la violencia se centran en prevenir la violencia antes que ocurra, ofrecer programas sociales y educativos integrales y de acceso a servicios de salud mental, que fortalezcan las competencias socioemocionales. En particular, se ha demostrado la relevancia de acompañar a estudiantes, padres, madres y cuidadores mediante instancias de formación y orientación, así como de brindar apoyo sistemático a docentes a través de capacitación y asesoría especializada.

Resulta imprescindible avanzar hacia un enfoque preventivo e integral que articule a la familia, la escuela y las instituciones, promoviendo entornos protectores y el desarrollo de habilidades socioemocionales desde la primera infancia. Solo mediante un compromiso sostenido y coordinado será posible garantizar condiciones de bienestar y desarrollo para las nuevas generaciones.