A cinco meses de que Australia vetara las redes a menores, su efectividad está en duda

Casi cinco meses han pasado desde la puesta en marcha de la ley australiana que prohibió el acceso de menores de edad a redes sociales. La norma, implementada desde diciembre pasado, obliga a plataformas como Instagram o TikTok a impedir el acceso de menores de 16 años mediante sistemas de verificación de edad.

La medida fue presentada como pionera para reducir riesgos como exposición a contenido dañino y efectos en salud mental.

Aunque aún no existen datos oficiales concluyentes sobre su impacto, los resultados preliminares muestran un escenario mixto, advierten expertos.

“Hasta ahora hay un bajo cumplimiento de la norma”, asegura María Soledad Garcés, directora de la Fundación para la Convivencia Digital.

“Reportes indican que más o menos el 20% cumple la norma y el resto no lo hace o lo hace de forma parcial”, afirma.

Un informe de marzo del regulador australiano de seguridad en internet eSafety señala que si bien en las primeras semanas de aplicación de la ley las plataformas bloquearon 4,7 millones de cuentas de menores, cerca de siete de cada diez mantienen perfiles en Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok.

Otro informe, publicado en abril por la agencia australiana YouthInsight, muestra que el 61% aún accede a cuentas.

A juicio de Garcés, “un error que cometieron fue especificar redes, entonces eran de alto riesgo, entonces eso llevó además a que muchos niños abrieran cuentas en otros lugares como Discord o Telegram”.

La ley australiana excluye a plataformas cuyo propósito principal no es la interacción social pública. Así, TikTok o Snapchat están prohibidos, pero otros como Messenger o Telegram están exentos por ahora.

“Si la medida funcionó o no, no lo sabemos todavía, porque la misma legislación propone el primer análisis de resultados a los dos años”, señala Cristián Celedón, psicólogo especialista en educación y políticas públicas del Centro de Innovación Educativa de la U. Mayor.

“Pero sí hay casos en China, Corea del Sur y Francia sobre prohibición de juegos online y se ha verificado que los menores buscan formas para poder saltarse la norma”, comenta.
Y agrega: “En el caso de Australia, eso va sucediendo y hay algunos especialistas que hablan de que debe centrarse en el acceso no resuelve el problema”.

Ingrid Bachmann, académica de la Facultad de Comunicación UC, señala que si bien en Australia se reporta que los jóvenes pasan menos horas online, “también se ha visto que los más vulnerables, como minorías étnicas o de zonas aisladas, han perdido un elemento importante de conexión con el mundo”.

Margarita Errandonea, directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Educación IACC, destaca que, en paralelo, “se ha constatado que han bajado el ciberacoso y el grooming (contacto de adultos con menores a través de internet con fin de abuso), al mismo tiempo que muchos padres australianos señalan cambios conductuales positivos, como menor tiempo en pantalla (…). Pero por otro lado se constata que hay maneras de evadir la norma”.

Esto pasa “porque los métodos de verificación de edad todavía son poco precisos y, además, muchos adolescentes aprendieron, a través de internet y de las mismas redes sociales, mecanismos para evadir los controles”, explica Luis Enrique Santana.

“Hay riesgo de caer en soluciones simples para problemas muy complejos y que tienen relación con salud mental, convivencia, educación digital y también con el diseño de las plataformas”, Luis Enrique Santana, especialista en ciudadanía digital y académico de la U. Adolfo Ibáñez.
Y agrega: “Si el objetivo era impedir el acceso, no está funcionando”. Lo positivo, asegura, es que la norma les ha dado a los padres, según han comentado apoderados, autoridad para mediar el uso del teléfono”.

Según Errandonea, “no podemos decir que Australia es un modelo que falló, pero tampoco que sea 100% replicable”.

¿Modelo a seguir?

A nivel local, hace poco más de una semana se dio a conocer que el Ministerio de Desarrollo Social evalúa el diseño de una medida llamada “Plan Entornos Digitales Seguros”, el cual busca prohibir el uso de estas plataformas a menores de 16 años.

Consultados sobre el avance en el país de una norma similar a la australiana, todos los entrevistados coinciden en que el foco debiera estar en avanzar hacia la regulación de las plataformas para que puedan ser usadas de forma segura por menores. “Esto implica asegurarse de que los algoritmos no promuevan temas que causan problemas de salud mental”, plantea Garcés.
Santana opina en la misma línea. “No se trata de prohibir el ingreso de menores a estos servicios, sino de exigir un ‘modo joven o niño’ que permita reducir riesgos sin perder las oportunidades que también ofrecen estos espacios”, plantea el académico.

Unicef ha expresado preocupación desde diciembre en múltiples artículos sobre la prohibición estricta de la norma australiana y ha recomendado priorizar la seguridad del diseño, la moderación de los contenidos y pedir a las plataformas responsabilidades de seguridad.

“Me parece que la solución va más por la moderación de contenidos y la responsabilidad de los adultos en esto, así como darles a los jóvenes las herramientas para tener una mejor experiencia digital”, opina Bachmann.

En esa línea, los expertos son enfáticos en que la regulación debe incluir programas de educación digital para las familias.
“Si la regulación se limita a impedir el acceso, quizás veremos lo mismo que en Australia: adolescentes encontrando maneras de evadir las restricciones”, puntualiza Santana.