En tres meses La Moneda quiere que esté implementada la nueva Ley de Seguridad Privada, que fue promulgada el 14 de marzo de este año, y que tiene como objetivo obligar a que las empresas contraten servicios de vigilancia frente a los hechos de violencia que se presentan a diario.
Desde el sector privado han manifestado que este plazo no se podría cumplir por los costos que implica y porque una vez aprobados los reglamentos estos deben ingresar a Contraloría, se publicarán en el Diario Oficial, y desde esa fecha se contabilizarán seis meses para que la norma entre en vigor.
Christian León, Coordinador Académico de la Carrera Técnico de Nivel Superior en Seguridad Privada de IACC y Asesor de Seguridad Privada, explicó que la “Ley de Seguridad Privada en Chile, tiene como objetivo principal estandarizar y fortalecer el papel de las empresas de seguridad privada, complementando así, las labores de las fuerzas policiales y promover la profesionalización de quienes trabajan en este sector consolidando la prevención”.
Respecto de si estamos o no preparados para la aplicación de la ley 21.659, el especialista plantea que “en cuanto a las condiciones actuales en Chile, existen tanto la necesidad como el marco legal para mejorar la seguridad privada. La delincuencia ha sido un problema creciente en el país, lo que ha llevado a una mayor demanda de servicios de este tipo. Además, la promulgación de esta ley proporciona un marco regulatorio claro para la industria, lo que puede contribuir a mejorar la eficacia y la coordinación entre las empresas de seguridad privada y las autoridades”.
Respondiendo a los temores de algunos gremios respecto de la presencia de agentes de seguridad, sostiene que “no solo proporcionaría una mayor sensación de seguridad tanto para los trabajadores como para los bienes, sino que también puede ser percibida como una medida necesaria para garantizar la protección efectiva en entornos de alto riesgo, como la industria minera”.
“Es importante destacar que la ley establece regulaciones y requisitos específicos para el uso de armas de fuego por parte de los agentes de seguridad privada, lo que incluye capacitación adecuada, protocolos de uso de armas y supervisión por parte de las autoridades competentes. Esto fortalece la confianza en la capacidad de protección del sector y promueve un ambiente laboral más seguro y protegido. Además, la ley también puede establecer salvaguardias y regulaciones para garantizar que el uso de armas se realice de manera responsable y dentro de los límites legales y éticos, lo cual aborda las preocupaciones sobre contar con agentes de seguridad armados en ciertos contextos, como la industria minera”, puntualizó.
León destacó que IACC ha implementado recientemente la Carrera Técnico de Nivel Superior en Seguridad Privada, que “entre otras competencias le permitirá a quienes egresen, desempeñarse como Supervisor, Encargado y jefe de Seguridad como lo impone la nueva ley”.
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